El pasado 10 de septiembre de 2015 tuvo lugar la reunión del Comité Directivo para la Década de la Inclusión Roma en Sarajevo, Bosnia que cerraba el periodo de 10 años de este proyecto.

Esta iniciativa, liderada por la Open Society Foundations ha abarcado desde 2005 hasta 2015, donde 12 países – Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, la República checa, Hungría, Macedonia, Montenegro, Rumanía, Serbia, Eslovaquia y España- declararon que sus gobiernos trabajarían para eliminar la discriminación y la inaceptables barreras que existen entre la población gitana y el resto de la sociedad, proponiendo Planes de Acción de la Década. El compromiso adquirido por los países firmantes fue “apoyar la completa participación de las comunidades gitanas nacionales para alcanzar los objetivos propuestos para el periodo y demostrar el progreso, midiendo los alcances obtenidos, así como para revisar las experiencias y la implementación de los Planes de Acción de la Década”.

Hoy, 10 años después, la Década se ha convertido en una década perdida. Sobre todo si nos centramos en el rol que ha tenido el Estado español durante este periodo. España, se ha llenado la boca durante estos años diciendo que es un “ejemplo de buenas prácticas en integración gitana”. Y ha basado este discurso desde un punto de vista etnocentrista gaché donde autorizadas voces payas claman que los cuatro pilares mágicos de la inclusión –educación, vivienda, empleo y sanidad, curarían todos los males de los gitanos y su inadaptación social.

Quizá el primer error es seguir usando la palabra integración, que connota que la sociedad mayoritaria mantendrá su posición dominante y la integración se hará efectiva por yuxtaposición, hasta que los grupos sociales en posición dominada (los gitanos) o bien alcancen posiciones dominantes o bien se desprendan de sus rasgos culturales e instituciones incompatibles con la sociedad que los acoge (los payos). Más bien ha sido la segunda opción la dominante durante no solo esta década, sino desde hace cinco siglos.

Durante los años que ha durado la Década, el Estado español ha ejercido un rol pasivo en cuanto a liderar los planes de acción propuestos por el Comité Directivo de la Década, donde su papel ha sido la derivación de responsabilidades a las organizaciones gitanas y pro-gitanas del país, claro ejemplo de clientelismo y de lavado de manos.

Esto ha llevado, a aumentar aún más si cabe, la desconfianza generada hacia el llamado tercer sector, donde el papel de las ONGs se ha visto como identificativo y abanderado de la comunidad gitana. Se ha traspasado una responsabilidad gubernamental hacía las asociaciones, que no nos olvidemos, no son voces representativas ni autorizadas de la comunidad gitana, sino meros actores sociales con un papel importante como sociedad civil, sí, pero nada más.

Este juego político ha derivado en que la Década para la Inclusión Roma en España haya pasado totalmente desapercibida, sin más pena ni gloria, adaptando el gobierno eso sí, una notable hinchada de pecho cuando habla de ese ejemplo de buenas prácticas, tratando de ‘enseñar a esos nuevos de la Europa del este’, como se hacen las cosas en materia de gitanos.

Pero incluso, en ese simulado rol de superioridad, España como de costumbre, ha vuelto a fallar. Ni siquiera durante las reuniones del Comité Directivo, el gobierno español se ha dignado en tener representación institucional de una forma más o menos permanente, alegando casi siempre incompatibilidad de agenda (sic) para asistir a los eventos y reportar e informar sobre los avances del país en materia inclusiva. De hecho, si uno echa un vistazo a las fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España, tan sólo se encuentra una referencia a la Década, y es un enlace a la propia página web de la Decade of Roma Inclusion. Es más, el propio gobierno español, no ha redactado ni uno solo de los informes publicados para la década, recayendo esta responsabilidad en asociaciones pro-gitanas y en la propia representación del punto focal para la Década en España.
Este vacío de poder y liderazgo, ha generado un clientelismo de una sola dirección. Por un lado, el gobierno de la nación se ha desentendido completamente del papel que había asumido en 2009 al adherirse a la Década y que con una declaración en 2014, afirmaba que lamentaba la desaparición de su estatus como ‘observador’ después de la finalización de la Década, y que prefiere centrar los esfuerzos en los procesos marco de la UE (para irse a jugar con los mayores).

Por otro lado, este surrealista juego del gobierno español ha desencadenado de igual modo, una priorización de ‘necesidades’ que si bien son medidas necesarias no sólo para la comunidad gitana, sino también para el resto de población española, no dejan de ser parches disfrazados de áreas clave para la inclusión social, esto es, los llamados anteriormente pilares mágicos que todo lo arreglan. (Educación, Empleo, Vivienda y Salud, sazonados con objetivos cuantitativos, que se concretan en porcentajes de población, a alcanzar en el año 2020).

Y en esta red, han caído la mayoría de asociaciones gitanas y pro-gitanas del país. Han olvidado completamente su rol como actores sociales y han convertido y adaptado las necesidades de la comunidad gitana a las prioridades marcadas por la Comisión Europea, y por ende, el gobierno de España. Si el Gobierno y Europa dicen que hay trabajar en esas áreas, pues se adaptan las necesidades a las prioridades políticas, en lugar de hacerlo al contrario.
Porque no nos olvidemos, España sigue siendo peculiar en materia gitana. Si bien es cierto que oficialmente los ciudadanos gitanos son en teoría, ciudadanos de pleno derecho (La comunidad gitana en España por suerte, no está reconocida como una minoría), la realidad es bien distinta.

Con esta premisa, el gobierno de España no cubre las necesidades de una población cercana al millón de personas españolas que son gitanas, y además, los discrimina institucional y socialmente.

Se priorizan unas áreas que aún con los ‘titánicos’ esfuerzos de los estamentos políticos del país, siguen flaqueando. Si nos acogemos a los datos, tan sólo el 5% del alumnado gitano finaliza los estudios superiores, y escasamente el 1% llega a estudios universitarios. Y no hablemos de las clases para alumnos con necesidades especiales…

Y los distintos gobiernos españoles se han encargado de culpar a la propia comunidad gitana de su fracaso social, señalando sus costumbres como el eje central del problema. Pero claro, las políticas redactadas en el Ministerio de Educación, no tienen la culpa de nada…

Si nos fijamos en el empleo, el 22,2% de la población española se encuentra desempleada, pero es que los datos (no oficiales) indican que el desempleo entre la comunidad gitana alcanza el 57% (datos de la Roma Decade) .

Son datos aterradores y materia que sin duda hay que trabajar. Pero olvida España (y las ONGs) que el ‘problema’ gitano en el país va mucho más allá que datos y estadísticas.

Las actitudes negativas y estereotipadas siguen prevaleciendo sobre la comunidad gitana, siendo este grupo el más menospreciado por parte del conjunto de la nación. El anti-gitanismo sigue campando a sus anchas en España, disfrazado de humor, de periodismo de investigación y de reality shows.

Las percepciones en pleno siglo XXI, son aún más si cabe, peor que cuando comenzó la Década. Sigue habiendo un vacío donde las voces gitanas sean propiamente escuchadas. Sin embargo, el Estado sigue poniendo parches a esta situación. Un claro ejemplo, son los órganos creados por el gobierno, tales como el Consejo Estatal del pueblo gitano y el Instituto de Cultura Gitana.

Ambos casos, sí serían un ejemplo de buenas prácticas si la utilidad y los fines de estos estamentos reflejaran de una manera más clara las necesidades y aspiraciones de la comunidad gitana española, y no una mera pose para mostrar que nos preocupamos por la cuestión gitana.

Y una vez más, el gobierno de la nación deposita la responsabilidad en las organizaciones que componen dichos estamentos, que sería un buen ejemplo de co-gestión y gobernanza sino fuera porque desde Europa y desde Madrid, se insta a las organizaciones no gubernamentales a que sigan adaptando sus estrategias y planes de acción en base a lo que ellos consideran más oportuno y políticamente correcto, siguiendo la línea que marcan los despachos de Bruselas.

Cabe preguntarse si el gobierno español realmente ha querido atajar de manera eficaz la inclusión Roma.
¿Por qué España no se ocupa directamente del millón de ciudadanos españoles que son gitanos, y lo deja en manos de ONGs? Haciendo un símil, es una forma de despreocuparse del tema y trasladarlo a la ciudadanía con mensajes tipo “Apadrina un niño”.

Si no se ha hecho es porque nos interesa mantener la desigualdad y por tanto, el statu quo. No se trata de medir la desigualdad y la discriminación hacia la comunidad gitana en formas cuantitativas, sino de reflexionar sobre sus orígenes y los procesos que derivan a tales picos de desigualdad.

La desigualdad, las pésimas condiciones de vida de miles de gitanos en España no es una opción que elijan las personas. La desigualdad y la pobreza degradan la condición humana, a pesar de algunas voces extremistas y enfermas, y quizá otras más moderadas, clamando que los gitanos no quieren integrarse.

Los gobiernos españoles, parece que no han sabido o no han querido enterarse de qué va esto. Sin embargo, España quiere seguir jugando con los mayores en Europa, pero sin perder de vista un filón que engrosa las cuentas de las políticas sociales, esto es, la integración gitana, excelente oportunidad para mantener el status quo de desigualdad, discriminación y diferenciación social. Y una excusa más para seguir culpando a los gitanos por su no integración, y a las ONGs por su falta de eficacia.

Leí hace un tiempo un artículo en El País, que se titulaba «En integración gitana, algo habremos hecho bien», donde se nombraban las excelencias de programas (parches) de empleo de baja cualificación, donde no se hablaba del alto nivel de abandono escolar en secundaria, y sobre todo, se le daba esa visión etnocentrista que tanto gusta a los payos investigadores; ese nosotros y ellos; ese forman parte de nuestra sociedad; esa tan manida y asimilada visión etnocentrista…

España ha perdido una vez más, la oportunidad de hacer reformas profundas y de impulsar una transición hacia una sociedad igualitaria. Aunque al fin y al cabo, la Década ha sido tan sólo una raya en el agua.

Otras iniciativas vendrán, ya sea con capital privado o fondos públicos, y de nuevo España alzará su voz diciendo que en integración gitana, algo habremos hecho bien, y se pondrá de nuevo su medalla de ejemplo de buenas prácticas.

Y esto sólo se podrá evitar, si surge un despertar de la sociedad civil gitana, si intelectuales, estudiantes y graduados gitanos, levantan su voz y su talento y se trabaja desde una perspectiva totalmente diferente, donde verdaderos expertos puedan investigar, producir y generar opinión y asesorar correctamente a los gobiernos y a las entidades en qué y cómo hay que hacer para lograr una sociedad más igualitaria y romper con la discriminación y el anti gitanismo.

¿Se atendrá a razones, o España pasará de nuevo de refilón impartiendo sabiduría?

La Década debe ser una lección aprendida para abandonar discursos y posiciones etnocentristas y recalcitrantes, donde para resaltar las excelencias españolas en materia de integración gitana, España todavía sigue hablando de flamenco. Y ole.