El 12 de enero de 1425, un documento firmado por el papa Martín V y ratificado por los reyes de Aragón, Navarra y Castilla marcó la llegada documentada del pueblo gitano a la península ibérica. Este salvoconducto otorgaba protección a un grupo de familias gitanas itinerantes que se identificaban como peregrinos en su camino a Compostela. Sin embargo, esta acogida duró poco. Con la fundación de la Inquisición en 1478 y la promulgación de la primera pragmática antigitana en 1499, firmada en Madrid por los Reyes Católicos, se inició un ciclo de persecución y violencia institucional que se prolongaría durante siglos.

Las distintas pragmáticas reales -alrededor de trescientas- prohibieron la lengua y la indumentaria, así como las tradiciones y los oficios gitanos; y forzaron a las comunidades gitanas a una imposible integración en un sistema social y administrativo que no les daba cabida. Los castigos reiterados iban desde la esclavitud hasta el destierro o la pena de muerte. La seriación legislativa antigitana ha buscado coartar la libertad de las comunidades gitanas, eliminar su identidad y su cultura; e incluso su aniquilación física (genocidio) con episodios ampliamente documentados como el Proyecto de Exterminio o Gran Redada de 1749: un intento deliberado de liquidación de todo un grupo étnico, perpetrado en distintos territorios peninsulares bajo la corona de Fernando VI, pergeñado por el Marqués de la Ensenada, que separó a miles de familias, dividiéndolas sistemáticamente por género y por grupos de edad, y las condenó a trabajos forzados o a la esclavitud en galeras en condiciones inhumanas.

Las últimas medidas administrativas y penitenciarias contra el pueblo gitano se extienden hasta la segunda mitad del siglo XX, y fueron emitidas por el régimen fascista, durante la dictadura franquista, suprimiendo la presunción de inocencia y persiguiendo la lengua y los oficios tradicionales gitanos. El antigitanismo, alimentado por siglos de persecución, sigue siendo hoy una de las formas de racismo más persistentes en Europa. Esta discriminación estructural ha perpetuado estereotipos que presentan al pueblo gitano como una amenaza social, justificando tanto las formas de segregación urbana, así como las formas de exclusión institucional o los estallidos racistas de violencia física y simbólica.

El reconocimiento del antigitanismo como delito de odio en el Código Penal español, en 2022, supuso un paso crucial en la lucha contra esta forma específica de racismo. La Ley Orgánica 15/2022, de 6 de julio, marcó un hito al incluir explícitamente el antigitanismo como agravante (art. 22.4) y como delito de odio (art. 510). Esta ley no solo reconoce la particular forma de discriminación sufrida por el pueblo gitano, sino que también dota al sistema jurídico de herramientas más claras para identificar, perseguir y sancionar las formas criminales de antigitanismo. Este avance legislativo es fundamental para garantizar una respuesta más efectiva a las agresiones físicas, ataques simbólicos y discriminación institucional que han afectado históricamente al pueblo gitano. Especialmente, la formación sobre el antigitanismo ha de incluirse en el trabajo cotidiano de las Fiscalías contra los Delitos de Odio, en tanto en cuanto, éstas son las unidades especializadas dentro del sistema judicial que se encargan de investigar, perseguir y sancionar los delitos motivados por el odio.

Este avance legal debe complementarse con acciones que transformen tanto las estructuras institucionales como la opinión pública. El Código Penal es una herramienta importante dentro de cualquier Estado de derecho, pero su impacto depende de un cambio cultural y estructural más profundo que abarque todos los niveles de la sociedad.

• Concienciación cívica: Es imprescindible fomentar campañas de sensibilización tanto a nivel escolar como a nivel mediático, que desmonten los prejuicios racistas sobre el pueblo gitano y promuevan el respeto por la diversidad cultural.

• Capacitación jurídica: Jueces, fiscales y policías deben recibir formación específica para identificar y combatir el antigitanismo en todas sus manifestaciones.
• Acción institucional: Los casos de delitos de odio contra los gitanos deben ser tratados con la máxima diligencia, asegurando que se haga justicia y que se erradiquen las barreras estructurales que perpetúan la discriminación.

Si observamos el contexto catalán, el artículo 47 del Estatuto de Autonomía reconoce explícitamente al pueblo gitano como parte integrante de la sociedad catalana: “Los poderes públicos deben velar por el reconocimiento del pueblo gitano como parte integrante de la sociedad catalana, para la preservación y el desarrollo de su identidad cultural, sus tradiciones y su lengua.” Este reconocimiento legal subraya la contribución histórica y cultural del pueblo gitano, y establece una base para desarrollar políticas específicas que promuevan su inclusión activa en todos los ámbitos de la vida en común. Para dar un impulso a este reconocimiento, es fundamental implementar avances institucionales pendientes:

• Representación política: Asegurar la participación de la ciudadanía gitana en las instituciones democráticas, promoviendo su acceso a cargos de responsabilidad administrativa y/o de representación en las instituciones de autogobierno de la Generalitat.
• Promoción cultural: Crear espacios culturales dedicados a preservar y celebrar la memoria y la identidad gitana como parte esencial del patrimonio de Cataluña.
• Ciudadanía inclusiva: Impulsar programas que conecten a las comunidades gitanas con recursos educativos, laborales y sociales, alineados con los estándares internacionales de derechos humanos.

Desde otro punto de vista, el Pacto de Estado contra el Antigitanismo, aprobado en marzo de 2023 por el Congreso de los Diputados, representa un esfuerzo crucial para combatir siglos de discriminación estructural. Este pacto, que incluye 158 medidas concretas, busca garantizar la igualdad y combatir el racismo antigitano en todas sus formas. Entre las medidas más destacadas se encuentra el punto segundo, que propone un acto ceremonial presidido por la figura institucional del monarca, Felipe VI; quien como actual jefe del Estado tendría la potestad para simbolizar la ruptura con una historia trágica, de persecución y de violencia institucional antigitana. Este gesto -escenificado desde las altas instituciones del Estado- sería un reconocimiento de los horrores históricos y marcaría el compromiso del Estado con un nuevo tiempo democrático basado en el pleno respeto hacia el pueblo gitano. Además, el Pacto de Estado contra el Antigitanismo incluye entre otras iniciativas:

• Reformar las políticas educativas y laborales, promoviendo la igualdad de oportunidades para las comunidades y las personas gitanas.
• Fortalecer los mecanismos legales contra el antigitanismo, asegurando que los casos de discriminación sean tratados con rigor y justicia.
• Fomentar la recuperación y promoción de la lengua y la cultura gitanas como parte del patrimonio común compartido.

Situándonos en una perspectiva estatal, la Ley de Memoria Democrática (20/2022, de 19 de octubre) establece la creación de una Comisión de Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano, con el objetivo de documentar y visibilizar los siglos de persecución. Para que esta comisión sea efectiva, es imprescindible que las comunidades gitanas lideren los procesos de recuperación de su historia. Algunas de las acciones prioritarias deberían incluir:

• La creación de archivos vivos y museos que recojan y preserven la memoria del pueblo gitano.
• La integración de su historia en el currículo educativo, asegurando que las nuevas generaciones comprendan y valoren su contribución a los distintos territorios y naciones históricas del Estado.
• El desarrollo de iniciativas culturales que celebren su resistencia y resiliencia a lo largo de los siglos.

La memoria no solo es un acto de reparación simbólica, sino una herramienta para construir un marco cultural compartido que reconozca la diversidad como un valor esencial, para fortalecer la democracia frente a las amenazas totalitarias. Precisamente, en términos democráticos, la exclusión histórica del pueblo gitano tanto de los espacios de representación política, así como de las funciones de gestión propias de las instituciones de gobierno, refleja una fractura en los principios fundamentales de la igualdad y la no-discriminación.

Desafortunadamente, el 12 de enero de 1425, fecha que marcó el registro oficial de la entrada del pueblo Gitano en el Reino de Aragón, no fue el inicio de una relación de respeto, sino que inició un complejo y violento proceso histórico de persecución y resistencia. La resiliencia del pueblo gitano durante 600 años es un testimonio de su fortaleza y de su determinación. Reconocer su historia, garantizar sus derechos y celebrar su cultura es un deber del Estado y una oportunidad para construir una democracia que valore la diversidad como su mayor fortaleza. La igualdad no es un punto de partida, sino un horizonte que debemos construir juntos.

En este camino hacia la igualdad, la inclusión del pueblo gitano como una nacionalidad histórica en el Título VIII de la Constitución Española representaría una oportunidad única, para reforzar los valores democráticos y el compromiso con la justicia social, en un marco de pluralismo y reconocimiento de la diversidad. El pueblo Gitano, que este año cumple precisamente seis siglos de arraigo en el tejido social y cultural de la península Ibérica, constituye un elemento esencial de la identidad colectiva del país. Su historia de resiliencia frente a la exclusión y la discriminación, junto con su contribución al patrimonio cultural y su presencia extendida por todos los territorios del Estado, reclama un reconocimiento institucional que garantice sus derechos políticos, culturales y sociales. Este paso, además de subsanar una deuda histórica, permitiría fortalecer la cohesión social mediante la integración plena de todas las voces en el espacio público, respetando la igualdad en la diferencia.

Reconocer al pueblo gitano como nacionalidad histórica no solo responde a una necesidad de justicia, sino que también se alinea con experiencias internacionales que han sabido incorporar a comunidades históricamente marginadas como actores plenos en la esfera democrática. Diversos ordenamientos jurídicos europeos y latinoamericanos han establecido precedentes que evidencian los beneficios de otorgar derechos específicos a comunidades con una identidad diferenciada, reforzando su participación y garantizando la protección de su lengua y su cultura. El Estado español y las naciones que lo conforman, por la relevancia histórica y cultural del pueblo gitano en su configuración social, tienen una responsabilidad particular en liderar este proceso. A través de un reconocimiento efectivo, acompañado de políticas inclusivas y medidas concretas, sería posible no solo reparar siglos de exclusión, sino también avanzar hacia una sociedad más justa y plural; en la que la diversidad no sea una excepción tolerada, sino un pilar fundamental del bien común.