El pasado 18 de octubre, por primera vez, los miembros de los parlamentos nacionales fueron invitados por el Parlamento Europeo para discutir los derechos fundamentales de los Romaníes, poniendo el foco en la lucha contra el antigitanismo. A este Debate Interparlamentario asistieron representantes de prácticamente todo el espectro político. Incluyendo, además de a los países miembros de la Unión Europea (UE), a dos países candidatos: Montenegro y   Kosovo. Se hicieron notar, lamentablemente, dos grandes ausencias: España e Italia.

El caso de Italia era en cierto grado previsible, debido a la sensibilidad mediática que ha provocado el “plan Salvini”: fichar a los gitanos indocumentados para expulsarlos del país. Ante lo cual, ningún partido ha propuesto un plan firme de oposición al neofascismo de la Liga Norte, a excepción de vagas alusiones a la defensa constitucional de los derechos fundamentales, que (idealmente) harían inviables este tipo de prácticas.

El caso español, sin embargo, suscita una perplejidad mayor. España se proyecta a sí misma como un modelo de inclusión con los gitanos: ¿por qué rehuir entonces del debate sobre el antigitanismo? Debates como el que tuvo lugar el pasado jueves en Bruselas, nos obligan a desempolvar las lentes y escrutar la realidad política con mirada crítica. Respecto del caso español, las antropólogas de origen romaní Ostalinda Maya y Anna Mirga, nos recordaban en El mito de la inclusión del pueblo gitano (El Mundo, 2014), que las cosas no son tal y como las  autoridades gubernamentales quieren hacerlas ver. Como recordaban las autoras: “Únicamente el 5% de los niños de etnia gitana finalizan lo estudios superiores del ciclo secundario [en España]. Los datos estadísticos son, si cabe, más chocantes cuando se considera que España está por debajo de países europeos menos desarrollados como la República Checa (30%), Hungría (22%), Rumanía (10%) y Bulgaria (9%).”

En esta línea de crítica, en febrero de 2018, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), establecida por el Consejo de Europa, publicó un informe sobre España que señaló tres recomendaciones prioritarias: 1. Medidas urgentes para incrementar el porcentaje de niños y niñas gitanas que terminan la educación obligatoria. 2. El fin de la segregación urbanística, que ha dado lugar a guetos racializados que reproducen la segregación escolar de los niños y las niñas gitanas. 3. La creación de un Organismo Independiente de Promoción de la Igualdad y la Lucha contra la Discriminación, que no esté vinculado ni al gobierno ni a otros organismos públicos o privados dependientes del mismo.

Soraya Post, la europdiputada de origen romaní que organizó el Debate Interparlamentario del pasado jueves, expresó un fuerte llamado a los participantes: “Hace un año, el Parlamento Europeo aprobó mi informe sobre los aspectos de los derechos fundamentales en la integración de los romaníes en la UE, que ofrece recomendaciones programáticas y legislativas para luchar contra el antigitanismo. Espero que la reunión de la Comisión Interparlamentaria de hoy apoye a los Estados miembros, para que comiencen a tomar en serio sus responsabilidades».

Cabe pues aclarar, en qué consiste la Resolución del Parlamento Europeo sobre los aspectos de la integración de los gitanos en la Unión Europea relacionados con los derechos fundamentales: combatir el antigitanismo (25 de octubre de 2017).

La resolución, que yo mismo asesoré junto a otros analistas, propone un conjunto de 58 medidas que podrían llevar a una política compartida: para que los Estados miembros de la UE combatan el antigitanismo, estudiando sus raíces históricas, trazando paralelos a la infame historia de antisemitismo en Europa. Hasta que apareció la resolución, el «problema de los Romaníes» se había abordado simplemente como: el “atraso” de un subgrupo cultural que necesita urgentemente transformar sus propias costumbres, para integrarse en las dinámicas de la modernidad europea; sobre todo, a través del empleo y la educación. De esta manera, los respectivos gobiernos se comprometieron a apoyar la “inclusión de los gitanos”, al tiempo que permanecieron en silencio ante el racismo anti-gitano profundamente enraizado en las sociedades europeas.

En nuestra opinión, todas las políticas sociales para los romaníes resultarán infructuosas si no están respaldadas por un compromiso para combatir la discriminación racista. Actualmente, la Comisión Europea está evaluando los resultados de los Marcos Nacionales para la Inclusión de la Población Gitana. Los resultados de esta evaluación (idealmente) servirán para rediseñar los futuros marcos de políticas públicas. Creemos que el Marco de la UE para la Inclusión de la Población Gitana, después de 2020, debe someterse a una reforma profunda: en la que cada medida encaminada a la inclusión vaya acompañada de medidas para combatir la discriminación.

Se necesita un enfoque antirracista, para todas y cada una de las nuevas áreas de inclusión que entendemos deberían estar implicadas: inclusión educativa, inclusión laboral, inclusión residencial, inclusión sanitaria, inclusión cultural, inclusión mediática, inclusión científica e inclusión política. Las autoridades competentes de los Estados miembros de la UE deben estudiar, de manera rigurosa, qué factores están impidiendo la inclusión de la Población Gitana en cada una de las áreas mencionadas.

La expansión de los actuales objetivos de los marcos de inclusión, requerirá un aumento importante de los fondos de la UE asignados a la cuestión Romaní. Y la financiación ya existente requiere un gasto más efectivo. La preparación del próximo Marco de Financiación Multianual de la UE ofrece una oportunidad extraordinaria para reformar las normas de gasto de los fondos de la Economía Comunitaria, y priorizar el antirracismo en los programas de la UE.

En los tiempos presentes, cuando la Unión Europea está lidiando con su propia crisis de identidad, el combate contra el antigitanismo debe verse como parte de una batalla más amplia contra la amenaza del neofascismo etnonacionalista. Garantizar el tratamiento no discriminatorio de 6 millones de ciudadanos Romaníes sería una buena manera para que la UE afirme sus valores fundamentales. En este sentido, las próximas elecciones ofrecen una ocasión muy concreta para comenzar a pensar programas políticos alternativos. Esperamos que la UE no pierda esta oportunidad.