Llegaba a mis manos hace unos días el informe sobre la situación de los gitanos en España, elaborado por el European Roma and Travellers Forum (ERTF), y a pesar de todo, me lo leí.

Digo a pesar de todo, porque a estas alturas el ERTF perdió su credibilidad hace ya muchos años.
Para los que no lo sepan, el ERTF se puso en funcionamiento en 2005, fundado en colaboración con el Consejo de Europa y entre otras 6 organizaciones internacionales, por el Foro Europeo de Jóvenes Gitanos (FERYP) el cual tengo el honor de presidir. Siete años después, FERYP no tuvo más remedio que presentar su dimisión como miembro fundador y de pleno de derecho del ERTF debido a su falta de transparencia, avances y utilidad pública.

Pero pasemos al informe en cuestión. En dicha ficha informativa se trata de manera somera la situación de discriminación y exclusión social sufrida por la población romaní en España, nada nuevo, pero ya desde la tercera página el desencanto y la desesperación se adueñan de la lectura.

Esto sucede cuando llegamos al párrafo, y cito textualmente, donde dice “La discriminación es una barrera importante para la inclusión social de los Roma, puesta de relieve en los campos de la educación, la vivienda, la salud, el acceso a servicios adecuados y el derecho al trabajo, a pesar de que los gitanos españoles están bien integrados y tienen un mejor acceso a todos estos derechos sociales”. A parte de la obviedad de que la discriminación es una barrera para la inclusión, la expresión “los gitanos españoles están bien integrados” ya chirría, hiere los ojos.

El propio ERTF, que se vanagloria de representar de forma institucional a la comunidad gitana en Europa, sigue diciendo que los gitanos están integrados o tienen que integrarse. Mal empezamos. Se sigue olvidando que el objetivo final de la integración no es conseguir la igualdad, sino mantener el status quo de los poderosos sobre los más débiles.

Para seguir hiriendo nuestros ojos y nuestra salud mental, el informe cita un estudio de 2005 de una entidad pro gitana que afirma que el 70% de la población romaní mayor de 16 años son analfabetos absolutos o funcionales. Es decir, que si se reúnen 10 personas gitanas en una plaza, resulta que 7, son analfabetos. Increíble.

Aquí el truco está en que dicho estudio mezcla el analfabetismo absoluto y el analfabetismo funcional. Que suenan parecido, pero distan mucho de ser iguales y por tanto de ser englobados en una misma categoría.

Para los no duchos en estadísticas y estudios poblacionales, cuando se pregunta sobre el nivel de estudios, la clasificación de las variables ordinales (en este caso, nivel educativo) se hace para clasificar las categorías desde la mayor hasta la menor, de la mejor a la peor o de la primera a la última. Esta categorización hecha en dicho estudio, no es para nada usual enmarcar en una misma categoría la variable analfabeto absoluto y analfabeto funcional.
Hay que aclarar que analfabeto funcional es, según la UNESCO, aquella persona que aun sabiendo leer y escribir frases sencillas no domina la técnica de lectoescritura, con lo que no la puede utilizar en su propio beneficio ni en el de su comunidad. Junto a la escritura y a la lectura, la UNESCO engloba también en su definición conocimientos básicos de aritmética.

El propio Centro de Investigaciones Sociológicas, y el Instituto Nacional de Estadística, categorizan los niveles educativos en: analfabeto, estudios primarios incompletos, educación primaria completa, educación secundaria con y sin título de graduado, enseñanzas de formación profesional de grado medio y superior, bachillerato y títulos universitarios.

Pero claro, si metemos a los analfabetos y a las personas con estudios primarios incompletos, así las cifras son mayores. Obviamente. Y el dato, mucho más trágico.

Es el mismo truco que seguir afirmando que la población gitana española está entre 500.000 y 750.000 personas, o 1.000.000. Qué más da. Y esto se dice desde finales de los ochenta. Pero entremos en hacer análisis de población y estadística aplicada.

Más allá del cocinado de cifras, que no nos olvidemos, no son datos oficiales y como muy bien apunta la traducción no oficial del Equipo de Estudios de la Asociación Nacional Presencia Gitana en la traducción del texto al castellano del documento del ERTF, (excelente trabajo, por cierto) dichas cifras no están científicamente elaboradas por el órgano legitimado, competente y responsable –el Instituto Nacional de Estadística (INE)–, Las cifras que se manejan son, por tanto, estimaciones acomodaticias, carentes de fundamento y procedentes de fuentes no homologadas ni supervisadas por el INE.

El propio informe de la ERTF en sí carece de fundamentos y de propuestas realistas y conseguibles. Al final de dicho documento, podemos encontrar recomendaciones generalistas sobre educación, y nos iluminan diciendo que el gobierno debe “comprometerse” a mejorar las condiciones del alumnado gitano; sobre empleo, la recomendación mesiánica del ERTF dice que el gobierno debe “redoblar sus esfuerzos” y demás frases hechas y automatizadas que las organizaciones gitanas han adoptado en su vocabulario diario.

También proponen que el gobierno español debe introducir una disposición penal teniendo en cuenta expresamente la motivación racial como circunstancia agravante de cualquier delito. Parece que el ERTF no se ha informado que el Código Penal en España establece en su artículo 22, sección cuarta, que se contempla como delito la discriminación por motivos referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual y razones de género. Otra cosa es que sirva y se aplique correctamente, pero estar está.

Después de tantos años, seguimos sin aprender la lección ni de los errores cometidos. España es un crisol de contradicciones y parches. Como indicaba en mi anterior artículo en el Desván del Museo, España se ha llenado la boca durante muchos años diciendo que es un “ejemplo de buenas prácticas en integración gitana”. Pero sin embargo, se es capaz de afirmar al mismo tiempo que el 70% de la población romaní mayor de 16 años, es analfabeta. Y nos quedamos tan tranquilos ¿Alguien lo entiende?

Y es que seguimos confundiendo caridad y asistencialismo con igualdad. Y de esto, son cómplices todas aquellas voces de la sociedad civil que “claman” a los gobiernos que la comunidad gitana debe integrarse, y que los gobiernos deben hacer “esfuerzos” en aras del bienestar de la comunidad gitana.

La justicia y la igualdad, deben distinguirse cuidadosamente de la caridad, con la que tan a menudo se confunde. Al igual que la justicia y la igualdad, la caridad es invocada como solución a un mal social. La caridad presupone una relación de desigualdad donde la parte más fuerte y rica, da voluntariamente algún recurso o servicio al débil o al más pobre. Esto nos deja una relación de desigualdad intocable. El más fuerte, retiene la posición de dominancia relativa al que la recibe. Se reconoce abiertamente la débil posición del receptor que debe aceptar las limosnas de los demás con el fin de sobrevivir. Al mismo tiempo, deja al que la recibe en una posición de dependencia a largo plazo. (Mattern, 2006).

Y es esto lo que venimos haciendo desde tiempo inmemorial. Clamamos medidas para la integración gitana, obviando que al mismo tiempo, estamos pidiendo mantener un estatus de desigualdad y de total dependencia.
Nos han hecho creer, y además fomentamos esa creencia, que la solución a la discriminación hacia la comunidad gitana, se basa en hacer confortable la pobreza y la desigualdad. La Unión Europea, gobiernos nacionales y sociedad civil, llevan años luchando para erradicar la discriminación y fomentando la integración de la comunidad gitana, preocupándose al mismo tiempo de mantener a millones de personas en el mismo status quo durante décadas. El asistencialismo no aumenta el bienestar social y reduce la desigualdad, sino que la institucionaliza.

Entonces, ¿En qué quedamos? Al final, si voy a tener que aceptar que España es un buen ejemplo de buenas prácticas para la integración romaní, si entendemos integración como el mantenimiento de los niveles de desigualdad e injusticia social hacia la comunidad gitana.

Para poder responder a las necesidades de la comunidad gitana, y para garantizar que los derechos ciudadanos se reconocen y ejecutan, la participación cívica y política en nuestra sociedad es de crucial importancia. El no ser meros actores pasivos en el diseño y la ejecución de políticas que afectan a la comunidad romaní en España, debe ser la principal tarea de nuestra propia sociedad civil. Generar oportunidades, capacidades y liderazgo para beneficiarse de un derecho tan básico, como desconocido, que es la participación política y ciudadana.

Al igual que vemos a España inmersa en una segunda transición política y social, los movimientos gitanos (no confundir con el movimiento asociativo gitano) necesitan una regeneración de contenidos, de ideas y de formas de participación. El compromiso cívico, aunque no necesariamente político, también puede afectar positivamente al bienestar de las comunidades y la sociedad.

El desarrollo de capacidades de los jóvenes en la vida pública y política, por ejemplo, ha probado ser más efectivo cuando hay un esfuerzo continuo en vez de un evento aislado promovido por terceros actores. Los jóvenes que participan activamente en sus comunidades desde el comienzo tienen más probabilidades de convertirse en ciudadanos informados y comprometidos.

La importancia de la participación activa de la ciudadanía gitana en la política para la construcción de nuevas formas de participación democrática debe convertirse en el punto focal de un gran debate entre las nuevas generaciones y los responsables de políticas centradas en esta nueva regeneración de la democracia española.

No nos olvidemos que la participación política está en el corazón de las democracias y las nuevas formas de participación ciudadana se han convertido en un instrumento clave para que los ciudadanos hagan oír su voz en la política.

Debemos tomar conciencia del peligro que supone seguir por debajo de las tasas medias de participación política entre la comunidad gitana. Durante demasiado tiempo se ha reducido la motivación de los gobiernos y de parte de la sociedad civil para incluir a la comunidad gitana en el proceso de toma de decisiones o para reflejar sus necesidades. Si seguimos a este ritmo, esta apatía y aceptación del clientelismo y la caridad, se traducirá en que en vez de avanzar hacia una ciudadanía plena, la comunidad gitana estará menos dispuesta a ser parte de los procesos y participar en la política, siendo cada vez más dependiente y vulnerable.

En este contexto, es importante subrayar que el trabajo con la juventud gitana puede y debe jugar un papel importante en la creación de sociedades cohesionadas, especialmente a través de contribuir al desarrollo personal, la promoción de los valores de la igualdad social, la diversidad cultural, la ciudadanía activa y proporcionando un ambiente entre iguales basado en el respeto y la tolerancia.

Más allá de hacer vagas recomendaciones a los gobiernos, casi pidiendo por favor que tengan en cuenta a la comunidad gitana, y de escribir larguísimas y monísimas estrategias de “integración gitana”, la ciudadanía gitana debe tomar conciencia de las herramientas y las posibilidades de participar activamente en la vida pública, no quedándonos como espectadores de los titánicos esfuerzos de los gobiernos y organizaciones civiles en “integrarnos” para luego mostrar estadísticas desternillantes y descentralizadas diciendo que el setenta por ciento somos analfabetos.

En este escenario, cada día hace más falta un Think Tank gitano en España…