Empecemos la reflexión por el final. Para poder poner fin a una situación de injusticia, subyugación, opresión, agravio, abuso, violación, aniquilación cultural –llamémoslo como queramos, ahora no importa– la parte dominante debe pedir perdón y restituir a la víctima. Si no se pide perdón y no se hacen los esfuerzos necesarios de reparación, el Pueblo Gitano estará condenado a seguir siendo una víctima eternamente.

El Pueblo Gitano es víctima de las políticas que España ha desarrollado desde sus episodios más embrionarios hasta la actualidad. Si hay un claro y rotundo ejemplo de racismo estructural en el mundo, ese es sin duda el caso del Pueblo Gitano en España. De 1499 a 1978 contamos con más de 200 leyes, pragmáticas y edictos en contra del Pueblo Gitano, sin contar las diferentes políticas aplicadas en cada municipio y región que no han hecho más que ahondar en los procesos de exclusión de las comunidades gitanas. Estamos hablando de 500 años de persecución institucional en los que se ha señalado y marcado al Pueblo Gitano por ser diferente y el Estado ha puesto todos sus recursos para corregir –aniquilar culturalmente– esa diversidad.

Y aunque en la actualidad, ya no existen políticas expresamente dirigidas en contra de la diversidad gitana, el racismo de 500 años de persecución ha acabado por cristalizar en la sociedad, generando el rechazo, ya no sólo institucional, sino también social, situando al Pueblo Gitano en una situación de marginalidad, exclusión y asimilación cultural.

Podríamos definir el racismo estructural como la normalización y legitimación de políticas públicas y prácticas cotidianas que producen una discriminación de facto y continuada en el acceso a derechos y servicios para un grupo concreto de la sociedad, basándose supuestamente en argumentos igualitarios –que no equitativos–. De esta forma se genera la segregación y la culpabilización de la víctima de su propio proceso de exclusión. Somos nosotros los que no queremos acceder a nuestros derechos, los que no queremos trabajar, los que no queremos pagar un alquiler o hipoteca, somos nosotros los que no queremos estudiar, los que no cuidamos nuestra salud y, por supuesto, somos nosotros los que no queremos hablar en caló –ahora, antes en romanó-. Somos los culpables de nuestra situación, no nos queremos integrar. Entiendan la ironía.

El racismo sufrido por el Pueblo Gitano no es un racismo naif basado en estereotipos y prejuicios como muchos están empeñados en entender. No. El racismo sufrido por el Pueblo Gitano se basa en una estratificación de jerarquías sociales y políticas de poder que no permiten al diferente disfrutar de la igualdad. Ojalá sólo nos enfrentásemos a algún que otro director de escuela racista o algún que otro encargadillo en el trabajo racista, o algún que otro vigilante que nos persiga por el supermercado. No. Nos enfrentamos a todo un sistema social y político que no nos permite ser quienes somos en libertad y en igualdad.

Foucault¹ explica que el origen del racismo está en la necesidad de control y poder sobre la población. En este sentido, el nacimiento de los Estado-nación y la necesidad de homogeneización de la ciudadanía estarían directamente relacionados con el ejercicio de poder y control sobre la población.  Y el racismo no sería más que una herramienta para conseguir la homogeneización. De hecho, la primera de las pragmáticas de los Reyes Católicos sólo hace referencia a la organización laboral del Pueblo Gitano, obligando a asentarse, tomar un oficio conocido y servir a un señor. Las siguientes pragmáticas estrecharían más el cerco a la cultura gitana en todos sus ámbitos.

En este artículo no trato de establecer una relación entre poder y racismo, tampoco pretendo hacer un repaso por la sucesión de políticas represivas contra el Pueblo Gitano, simplemente trato de manifestar con claridad dos ideas básicas: primero, que la situación de desigualdad sufrida por el Pueblo Gitano es fruto de cinco siglos de políticas estatales dirigidas específicamente a excluir a un pueblo por el hecho de ser diferente;  y segundo, que es responsabilidad del Estado reparar el daño causado.

El resultado de esa larga historia de políticas represivas se puede resumir con los siguientes datos:

• La tasa de desempleo del Pueblo Gitano duplica a la del resto de la población. Entre los gitanos que trabajan, más del 60% lo tienen que hacer por cuenta propia, mientras que en la sociedad mayoritaria los trabajadores por cuenta propia no llegan al 17%, casi 40 puntos de diferencia. (Información extraída de las investigaciones realizadas por la Fundación Secretariado Gitano)
• Menos del 40% de los jóvenes gitanos consiguen el graduado en Educación Secundaria, frente al 80% del conjunto de la población que también lo consigue. (Información extraída de las investigaciones realizadas por la Fundación Secretariado Gitano)
• Un 2,17% de las familias gitanas viven en chabolas, el 8,63% de las familias residen en viviendas que no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad (infraviviendas). Más del 54% de las viviendas gitanas son de protección pública. (Información extraída de las investigaciones realizadas por la Fundación Secretariado Gitano)
• Todos estos condicionantes socioeconómicos inciden en un mayor deterioro de la salud de gitanos y gitanas, presentando una mayor prevalencia que la sociedad mayoritaria en enfermedades cardiovasculares, úlceras de estómago, jaquecas, migrañas, depresiones, asma o alergias. (Información extraída de la Segunda Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana 2014)

Resumiendo, el racismo estructural es fruto de un racismo institucional dirigido por los poderes públicos que ha acabado por cristalizar en una estructura que excluye sistemáticamente al Pueblo Gitano del disfrute de los derechos y deberes de la sociedad.

Es racismo estructural  que no estemos representados en todos los estamentos de la sociedad de manera equitativa al resto de la población; es racismo estructural que no tengamos profesores o directores gitanos en las escuelas; es racismo estructural que no tengamos gitanos en los consejos de administración de las grandes empresas; es racismo estructural que no tengamos representantes políticos gitanos; es racismo estructural que no tengamos médicos gitanos; es racismo estructural que no tengamos jueces gitanos; es racismo estructural que estemos sobrerepresentados en cualquier índice de exclusión y pobreza; es racismo estructural que se invisibilice nuestra autoría del flamenco; es racismo estructural que ya no hablemos ni en caló; y es racismo estructural un sinfín de cuestiones más.

Estamos, pues, ante un claro caso de etnocidio, iniciado en 1499 con la primera pragmática de los Reyes Católicos y que se alargará durante más de 500 años, incluyendo el primer intento de genocidio conocido en la Europa moderna, la Gran Redada de 1749. Un proceso en el que paulatinamente se aumentará el nivel de persecución y represión sobre los gitanos y su cultura.

En 2019, tras más de 40 años de democracia, es hora de que el Estado haga una reflexión honesta y profunda sobre las políticas dirigidas hacia el Pueblo Gitano a lo largo de la historia y sus consecuencias en la actualidad. Un Estado no debe tener miedo a reflexionar sobre su propia historia, sobre todo, la historia de violencia que ha dejado huella en el presente. El Estado tiene la responsabilidad de reconocer que la herida abierta en el Pueblo Gitano fue causada por el propio Estado. Tras esa reflexión, no cabe otra alternativa que pedir perdón a la víctima y repararla.

¿Qué implica pedir perdón?

Anteriormente solicitaba una reflexión honesta y profunda en torno a las políticas de persecución de la diferencia gitana. Y quiero volver a remarcar estas dos características. Necesitamos la honestidad suficiente para que el Estado pueda reconocer su culpabilidad, sin orgullo y sin actitudes defensivas. Necesitamos la madurez del Estado para asumir una culpa que, aunque parezca obvia a ojos de cualquier observador externo, ha sido seducida de tal manera que nos han hecho creer que a los gitanos nos gusta vivir en la más completa exclusión como pueblo.

La profundidad de la reflexión va ligada al conocimiento real de lo sucedido. Hace poco más de un mes la alcaldesa de Madrid pidió perdón por la discriminación sufrida por el Pueblo Gitano y por la pragmática de los Reyes Católicos, coincidiendo con el 520 aniversario de tal episodio. Profundidad implica saber por qué se pide perdón, porque me temo que las palabras de la alcaldesa fueron palabras vacías. ¿Por qué pide perdón la alcaldesa de un municipio por la pragmática de un monarca? Lo lógico sería que se hubiera indagado cuál fue el papel del consistorio en la ejecución de dicha pragmática, y de todas las que le siguieron y pedir perdón por todo aquello en lo que se colaboró para dar cumplimiento a las diferentes pragmáticas reales. No se debería pedir perdón por algo que ni siquiera se conoce o en lo que no tuvo ninguna responsabilidad. Se debe investigar todo lo sucedido durante el largo proceso de etnocidio del Pueblo Gitano. La información está en cada uno de los archivos municipales y estatales, sólo hay que poner interés en recopilar toda la información que se posee de una manera exhaustiva y ordenada. No puede ser que la historia –de persecución– gitana esté escrita por personas que dedican, con la mejor de sus voluntades, su tiempo personal en reconstruir un puzle sin piezas. La administración debe quitarse las vendas del orgullo e investigar lo sucedido con el Pueblo Gitano con el máximo rigor y honestidad.

Enrique Echeburúa², en un artículo en el que reflexiona sobre el conflicto vasco, explica que “el perdón no es olvido, pues para perdonar es ineludible la memoria del agravio. Nada puede modificar el pasado, pero el perdón puede cambiar el futuro. La memoria sin ira, sin afanes vengativos, no abre, sino que cierra heridas”.

Los gitanos necesitamos cerrar una herida abierta hace ya demasiado tiempo. Necesitamos dejar de ser víctimas. Necesitamos decirle adiós a todo un pasado de dolor que no deja de reproducirse cada uno de nuestros días. Necesitamos mirar a la historia sin ira. Necesitamos sentirnos tan orgullosos por formar parte de la sociedad como por formar parte del Pueblo Gitano. Necesitamos ser partícipes del mundo en el que vivimos, de ser uno más, de no ser señalados. Necesitamos sentirnos libres del racismo que nos acompaña desde hace más de 500 años.

Sé que el lector infectado por el virus común del racismo rápidamente se preguntará ¿por qué no piden perdón los gitanos por los delitos que hayan cometido a lo largo de la historia? La respuesta es muy sencilla, los gitanos como nación nunca nos hemos organizado como pueblo o nación para nada, nunca nos hemos dotado de un aparato legislativo ni ejecutivo, ni siquiera para defendernos de la continua persecución sufrida. Y aunque no toque decirlo aquí –esto que sigue es sólo para racistas: los delitos de cada uno a título individual son los delitos de cada uno a título individual. La persecución de un Estado con todos sus poderes, no es un delito a título individual–.

Roberto Blum³ escribía recientemente sobre la polémica surgida entre Méjico y España acerca de la exigencia del primero para que España pidiera perdón por los agravios cometidos durante el proceso colonial, y explicaba la necesidad de afrontar el proceso con madurez y asumiendo responsabilidades. “Abrir los furúnculos históricos es doloroso, pero necesario para la salud y la recuperación. Pedir perdón es doloroso para el agraviante, pero quizás es más doloroso para la víctima otorgar auténticamente, de corazón, el perdón al ofensor. Pedir perdón y perdonar no puede ser simplemente olvidar los hechos, cubrirlos y enterrarlos. El agresor debe comprometerse a no repetir jamás esas conductas y el agredido a no permitir nunca más ser tratado como víctima desamparada. Pedir perdón y perdonar es solo el primero y necesario paso para la reconciliación. Luego debe venir la reparación del daño”.

El reconocimiento público del daño infligido y el ejercicio de solicitar perdón deben ir acompañado de la reparación de las secuelas producidas, de manera que se permita reestablecer el vínculo quebrado entre el Estado y una parte de sus ciudadanos. Las víctimas, el Pueblo Gitano, seremos soberanos para decidir si aceptamos o no ese perdón, pero todo dependerá de que las soluciones para la reparación sean aceptables desde el punto de vista gitano.

Las medidas necesarias para combatir un problema estructural deben ser también estructurales, deben remover la estructura de una sociedad caracterizada por el racismo contra el Pueblo Gitano. Del mismo modo que el machismo irá quedando atrás en la historia gracias a la educación y a las políticas de igualdad basadas en la implementación de cuotas en diferentes ámbitos –principalmente en el acceso al empleo y a la representación política–, el racismo estructural padecido por el Pueblo Gitano requerirá del desarrollo de leyes que promuevan una igualdad efectiva entre gitanos y no gitanos apoyados en el empleo de cuotas que permitan nuestro acceso a la educación superior, al empleo o a la representación política, además de promover nuestra cultura.

Las cuotas, aunque presentan gran resistencia en cierta parte de la sociedad –especialmente en aquella parte que no quiere ceder parte de su privilegio como blanco y como hombre– están demostrando una gran capacidad de transformación. Doce años después de la ley⁴ para promover la paridad entre mujeres y hombres en los parlamentos españoles, se está produciendo una auténtica revolución feminista en toda la sociedad. Y aunque, aparentemente, no haya una relación de causa y efecto entre ambos hitos, sí que forman parte del mismo proceso de transformación con el que se está consiguiendo erosionar las estructuras de poder machistas en las que se ha basado la sociedad.

Se dice que somos más de 650.000 gitanos en España, es decir, cerca de un 1’5% de la población total. Y aunque es una cifra claramente a la baja –todos sabemos que somos muchos más aunque no nos podamos contar– sí me sirve para poder lanzar una pequeña reflexión, ¿Se imaginan si pudiéramos dedicar un 1’5% del presupuesto que se destina en el ámbito de cultura del gobierno central, de las autonomías, de las diputaciones y de los municipios a promover la cultura gitana? Pocas maneras más justas habría para reparar el agravio cultural.

El proceso de perdón y reparación debe conseguir, es cualquier caso, restaurar la dignidad del Pueblo Gitano, devolvernos a una posición de igualdad con el resto de la sociedad, ni más ni menos, con las mismas oportunidades que todos. Y no se trata de que contemos con las mismas oportunidades “sobre el papel”, eso ya nos lo dio la Constitución de 1978 y sabemos que es papel mojado, se trata de realidades constatables:

1. que el porcentaje de desempleo entre la población gitana sea exactamente igual que entre la población no gitana;
2. que los niveles educativos de la población gitana sean exactamente igual que los de la población no gitana;
3. que los gitanos hablemos nuestro idioma con la misma fluidez que el resto de pueblos hablan su lengua materna;
4. que no haya una brecha salarial entre gitanos y no gitanos, esto es, que el poder adquisitivo medio de la población gitana sea igual que el poder adquisitivo medio de la población no gitana;
5. que los gitanos puedan elegir vivienda de la misma manera que el resto de la población;
6. que el índice de pobreza entre los gitanos sea igual que en el resto de la población;
7. que la salud de las personas gitanas sea igual a la de las personas no gitanas;
8. que podamos estar representados políticamente;
9. que el Pueblo Gitano forme parte de las instituciones del país;
10. y un largo etcétera.

Querer hablar ahora de actos que se iniciaron hace más de cinco siglos puede parecer poco congruente, sobre todo porque los valores del Estado y de la ciudadanía de entonces distan mucho de los valores del Estado y de la ciudadanía de hoy día. Sin embargo, el intento de genocidio cultural y las continuas violaciones a la dignidad del Pueblo Gitano fueron política de Estado hasta hace tan solo 40 años, muy pocos. Exigir unas disculpas y una reparación no es una reivindicación que requiera de palabras vacías de políticos en época electoral. La grave situación de exclusión social –económica, laboral, cultural, educativa, sanitaria y política entre otras– es fruto de un largo tiempo de políticas de persecución por parte del Estado. El Estado es responsable de esta situación y, por ende, es responsable de la reparación. Si no quieren repararnos con justicia y dignidad, entonces ahórrense las disculpas y sigan siendo racistas.

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1. Foucault M. Geneología del Racismo. Ed. Museo de Buenos Aires. Buenos Aires 1996.
2. Echeburúa E. Perdonar puede ser la única posibilidad que posee el ser humano para modificar el pasado doloroso y para cambiar un hecho ya modificable. El Correo. 9 de diciembre de 2012.
3. Blum R. Estado y nación, perdón y reparación. El Periódico. 30 de marzo de 2019.
4. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.