“La política de tierra quemada o de tierra arrasada es una táctica militar que consiste en destruir absolutamente todo lo que pueda ser de utilidad al enemigo cuando una fuerza avanza a través de un territorio o se retira de él”.

Wikipedia. (15 de mayo de 2022) Tierra quemada. https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_quemada

En una conversación que mantenía hace justo un año con unos compañeros, el historiador Manuel Martínez nos explicaba que la manía de quemar las casas de las personas gitanas en los demasiado frecuentes pogromos antigitanos que tienen lugar en España y en el resto de Europa muy probablemente se relacionaba con la vieja táctica militar de ‘Tierra quemada’.

Se cuenta que Alfonso I el Católico ya utilizó esta táctica en el siglo VIII d.C. para evitar que una zona de la península fuera poblada por los musulmanes, creando una zona desértica en la cuenca del Duero con el fin de defender el Reino de Asturias. Muy probablemente aquella tampoco fuera la primera vez que se quemaba una tierra para que no pudiera ser poblada por el enemigo, pero el dato nos sirve para ver lo atávico de una sociedad como la española que siempre que puede intenta quemar y vandalizar las casas y propiedades de sus vecinos gitanos, a los que perciben como sus enemigos.

Es preciso también apuntar que los pogromos que hoy día suceden aún en España contra la población gitana tienen un fuerte arraigo en la sociedad española, pues incluso antes de que los romaníes pusieran pie en estas tierras, el pueblo judío ya sufría el alzamiento de sus vecinos de un modo indiscriminado, por ser judíos y culpables de todos los males del mundo.

Más de seis siglos después, el fenómeno sigue repitiéndose, ahora con la población gitana, y además estos episodios cada vez son más frecuentes. Repasemos la última década: Estepa (Sevilla) en 2015, Fortuna (Murcia) en 2017, La Llagosta (Barcelona) en 2018, Vallecas (Madrid) en 2019 y Peal de Becerro (Jaen) en 2022.

El último episodio acontecido en Peal de Becerro la madrugada del pasado martes no representa un caso aislado que surge de la nada, lamentablemente cada dos años tenemos un nuevo episodio. El humanista Ismael Cortés explica en uno de sus artículos que el antigitanismo es la última forma de racismo aceptada en Europa, y episodios como este lo confirman. También lo confirma la falta de apoyo fuera del movimiento asociativo gitano. ¿Se imaginan que una turba vandalizase y quemase las viviendas y automóviles de personas inocentes de un crimen por el hecho de pertenecer al mismo grupo étnico o a la familia del acusado? ¿Se imaginan las protestas ciudadanas antirracistas que provocaría un pogromo contra otro grupo étnico? Pues de momento nadie se manifiesta en contra y como suele ser normal, los medios de comunicación no se atreven a decir la palabra clave: RACISMO, se quedan en términos como ‘protestas vecinales’, ‘incidentes’, problemas de convivencia’, ‘estalló el problema’, pero nadie habla de racismo porque como explicaba Ismael Cortés, la sociedad no lo entiende como racismo, lo entiende como algo normal, y la culpa se ubica siempre en la actitud y conductas de los vecinos gitanos en su conjunto.

Todo siempre empieza y acaba igual. Una persona gitana comete un crimen –o delito–, se convoca una manifestación multitudinaria que lleva hasta la casa de los familiares y, ante el anonimato que proporciona la muchedumbre y la pasividad de los cuerpos policiales, se acaban vandalizando o quemando las propiedades de todos los gitanos que consideren oportunos, obviamente, gitanos inocentes del delito cometido por el primer sujeto. Luego siempre vienen las explicaciones justificadoras del alcalde del municipio defendiendo a sus vecinos, defendiendo su honorabilidad y culpando a personas venidas de fuera para cometer actos vandálicos y, curiosamente tampoco nunca son capaces de omitir culpabilizar a los gitanos de ser okupas incívicos en un intento justificativo.

Siempre hay una explicación fácil que no daña la autoestima como sociedad: culpar a las víctimas –en este caso a los gitanos que, además, representan la alteridad– y culpar a vándalos que no se sabe de dónde han venido a quemar viviendas y automóviles. Así no hay que afrontar que los vecinos del municipio, donde se ha considerado procedente autorizar una manifestación hasta la casa de los familiares del presunto culpable, sean racistas.

Aunque siempre vamos a encontrar muchas distorsiones de lo que realmente sucedió en Peal de Becerro, qué ha pasado exactamente, qué casas han quemado, quién las ha quemado o por qué; sólo hay que tirar de hemeroteca y fácilmente se extraerá el mismo patrón: crimen cometido por un gitano, manifestación ciudadana, intimidación violenta, expulsión de las personas gitanas, incendios y vandalismo, y finalmente llegan las excusas, explicaciones y justificaciones de que lo que ha sucedido no es racismo.

La respuesta jurídica y política a estos episodios acostumbra a ser inexistente, pues el problema –el racismo–  es también inexistente, es como si los hechos nunca hubiesen sucedido.

En esta ocasión existe a priori una herramienta diferente que permitiría una actuación jurídica más decidida y específica con los delitos de odio cometidos contra las personas gitanas por el hecho de ser gitanas. El pasado 26 de mayo el Congreso aprobó la reforma del Código Penal incluyendo el antigitanismo como circunstancia que agrava la pena en su artículo 22, y como delito autónomo de odio en su artículo 510.

Aunque existía un fuerte debate sobre la necesidad de incluir el antigitanismo como delito de odio específico, pues ya se recogía previamente la etnicidad como causa de discriminación y motivación delictiva, lo positivo de incluir el antigitanismo como delito específico permite que nadie con responsabilidad se mantenga con pasividad o mire hacia otro lado buscando entre las causas de un pogromo antigitano viciadas excusas como el incivismo o el ocupar una vivienda, ahora ya existe la palabra ‘antigitanismo’ en el marco jurídico para perseguir a quienes comentan un delito de odio contra personas gitanas.

Demasiado pronto ha llegado la hora de la verdad para esta nueva reforma del Código Penal …

Y aunque podamos prever una resolución judicial favorable para las víctimas del pogromo antigitano, el sabor de boca será siempre amargo. La solución no debe estar en actuar una vez ya ha sucedido, sino en prevenir, en educar a la sociedad para vivir libres de prejuicios, estigmatizaciones y racismo. Pero para empezar a educar a las nuevas generaciones a vivir en una sociedad antirracista, donde la dignidad de cualquier ser humano no pueda ser cuestionada por su cultura y valores, lo primero es aceptar que la sociedad es estructural y sistemáticamente racista, y en esa batalla nos encontramos aún.