Recientemente se aprobaba en el Congreso de los Diputados el Pacto de Estado contra el Antigitanismo.

Después de varios meses y 28 comparecencias en la Subcomisión creada para el estudio de este Pacto, se ha alcanzado, en términos legislativos, uno de los mayores hitos conocidos hasta el momento, por (y para) el Pueblo Gitano en España.

Y digo bien ‘por’, ya que este es uno de los ejemplos más explícitos de cómo la necesidad de legislar ante una situación de desigualdad, canalizada por parte de las organizaciones que representan a aquellos que padecen o sufren  desigualdades, articulada en la petición concreta de legislación, tiene sus frutos en el marco político y jurídico de este país. Obteniendo así, el reconocimiento negado históricamente.

Porque este momento nos sitúa en una posición inaudita para todas las personas gitanas hasta el momento. El desconocimiento del propio término ‘Antigitanismo’, la negación de la aceptación de este como elemento condicionante de la vida y condiciones materiales de los gitanos en este país, ha quedado atrás para iniciar un nuevo escenario, un nuevo camino.

Un camino que reconoce, primero, al Antigitanismo como una forma específica de racismo, estructural, histórico, sistemático y dirigido contra todo señalable bajo el estigma gitano; prácticamente desde que el gitano toma conciencia de ser respecto a la sociedad, y la sociedad sitúa a las personas gitanas al otro lado, en la otredad, en lo ajeno.

Las 157 medidas recogidas en el Pacto de Estado contra el Antigitanismo marcan un precedente, un marco estructural y conceptual sobre el que generar políticas públicas que protejan a los jóvenes, mayores, mujeres… En definitiva, que protejan a la comunidad gitana, en todo, y a todos los niveles.

Es importante no desmerecer otros avances conseguidos en materia legislativa que han supuesto un impulso en materia de reconocimiento del término e introducción en la agenda política. Podemos destacar la acepción del término antigitanismo en la Llei d’Igualtat de Tracte i no Discriminació, aprobada en Cataluña el 30 de diciembre de 2020. Dónde, por primera vez en la historia de este país, se reconocía legislativamente a este tipo específico de racismo contra los gitanos.

Otro de estos avances es la introducción del Antigitanismo como delito de odio en el Código Penal, el 26 de mayo de 2022. Hecho que, en mi opinión, sirvió como caldo de cultivo para la creación de la Subcomisión para un Pacto de Estado contra el Antigitanismo.

Un pacto de Estado que, en palabras de Joan Ruiz i Carbonell, presidente de la Subcomisión serviría para garantizar la igualdad entre las personas gitanas y el resto de la sociedad española:

«El conjunto de propuestas tienen como ambición ser, a pocos días del día del pueblo gitano, un nuevo paso en el camino de conseguir que quienes son parte de él sean ciudadanos de pleno derecho del país que compartimos«.

Hemos de ser conscientes del logro, de lo que esto implica a nivel político, ya que, no abundan los Pactos de Estado en nuestro sistema jurídico-legislativo.

Hasta el momento, eran pocos los que habían logrado ver la luz y se podían agrupar en  algunas categorías 1) los que pretendían garantizar el momento de Transición del régimen franquista a la democracia constitucional del 78 (Pactos de la Moncloa y Pacto para el Desarrollo Autonómico), 2) Pacto para garantizar las pensiones públicas (Pacto de Toledo, 1995), 3) Pacto contra el Terrorismo (primero basado en el terrorismo de ETA y, posteriormente ampliado para añadir al Pacto el terrorismo yihadista) y 4) Pacto contra la violencia machista.

Es decir, la reivindicación de derechos por parte de un grupo concreto (o minoría) de la sociedad española no había sido capaz de introducirse en la agenda política como una cuestión de Estado, hasta el momento, nuestro momento.

Y esto debería ser celebrado por todos, no solo por parte de las personas gitanas, sino de toda la sociedad española. O al menos, por parte de aquellos que reconocen las desigualdades sociales como una lacra contra la que hay que luchar, aquellos que entiendan que este país tiene con nosotros una deuda casi irreparable, que es de justicia social que se nos reconozca como sujetos políticos, como minoría, como Pueblo.

Para que se nos reconozca, en igualdad de condiciones. Para que el antigitanismo sea un elemento tan evidente como deleznable, para que el hecho de ser gitanos no condicione negativamente nuestras posibilidades de vida, nuestros sueños, nuestras esperanzas.

Para que la invisibilización forzosa que habíamos padecido durante siglos, quede en el olvido.

Para que podamos avanzar como sociedad. Juntos. Sin dejar a nadie atrás.