Es urgente reconocer pública e institucionalmente el odio y la discriminación específicos contra el Pueblo Gitano, más allá de los Planes de igualdad y de inclusión social.

En ocasiones, observar y analizar la lucha y la situación de otras personas y grupos, ayuda a comprender y explicar la situación de los tuyos, e incluso a encontrar posibles soluciones para la lucha efectiva por los derechos y libertades de todas y todos. Por ello, con este sencillo escrito sólo trato de llamar la atención sobre la lucha contra el Antigitanismo, a través de una comparación entre la situación política y social del Pueblo Gitano y la de otros grupos sociales discriminados y rechazados.

El pasado jueves 28 de junio la comunidad homosexual de todo el mundo celebraba el “Día Internacional del Orgullo Gay”. Sinceramente, no caí en la cuenta de dicha celebración hasta empezar a ver numerosas banderas del “arco iris” (bandera que se popularizó en 1978 como símbolo del orgullo gay) por toda Barcelona. De hecho, para ser totalmente sincero, me di cuenta de dicho día al ver una bandera del “arco iris” colgada en la cabina del conductor de un TRAM, el tranvía que recorre las calles de Barcelona. Al principio pensé que se trataba de una iniciativa individual, de un conductor concreto, que decidió colgar dicha bandera en su cabina a modo personal y particular. Sin embargo, en pocos minutos, otro TRAM pasó, y pude comprobar que también tenía la bandera. Y así, todos los TRAM de la ciudad que pude ver. Pensé (y pienso) que era muy positivo y necesario que una empresa de transporte público metropolitano hiciera tal posicionamiento.

En el Día del Orgullo Gay se conmemora y celebra que, en la madrugada del 28 de junio de 1968, la comunidad homosexual se negó a desalojar durante una redada policial el local gay de Nueva York llamado “Stonewall Inn”, diciendo así “basta” a las detenciones, palizas, insultos y vejaciones, que noche tras noche sufrían. Este acontecimiento histórico, conocido como “los disturbios de Stonewall”, dio paso a un conjunto de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta a dicha redada policial. Miles de personas, y no únicamente homosexuales, salieron a la calle aquella noche, y a la siguiente noche, marcando así un antes y un después en la lucha por los derechos de este colectivo. Es por eso que, desde entonces, el 28 de junio es sin duda la fecha emblemática en la que se defienden y reivindican los derechos de la comunidad LGTBI+, tal y como se refiere a dicha comunidad en la actualidad.

Sin embargo, pese al posicionamiento público e institucional en favor de los derechos de las personas LGTBI+, y a las celebraciones en todo el mundo, este colectivo sigue siendo discriminado, perseguido, atacado, vejado, rechazado, e incluso asesinado. Por ello, desde 2004, el 17 de mayo es internacionalmente reconocido como el “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”; fecha que se ha establecido como la fecha más importante de movilización para las comunidades LGBTI+ a escala mundial, según apunta el portal “Day against homophobia”. Así pues, la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia son formas de odio especificas en contra de este colectivo; no es simplemente discriminación, ni desigualdad, ni odio, sino que son formas concretas de discriminación, rechazo, repulsa, odio, prejuicio e intolerancia, frecuentemente acompañadas de violencia, que única y exclusivamente sufre la comunidad LGTBI+.

Pese a todo este apoyo oficial; pese a su 28 de junio y a su 17 de mayo; las personas LGTBI+ siguen sufriendo discriminación en las escuelas, en el trabajo, en el deporte, en la calle o en los medios de comunicación, entre otros. Y es por ello que las administraciones saben que no es suficiente con la celebración o conmemoración de estos días, y están desarrollando (o han manifestado oficialmente su intención de hacerlo), acciones concretas contra la Homofobia, tanto a nivel local, como autonómico y estatal.

El mismo Consejo de Ministros, el viernes 11 de mayo de 2018, hizo pública una Declaración del Gobierno con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. En ella se recoge, por ejemplo, que el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad está realizando acciones de formación a profesores y otros miembros de la comunidad educativa, apoyadas en la guía on-line “Abrazar la Diversidad: propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico”.

A nivel autonómico, diversas comunidades cuentan ya con leyes específicas contra la Homofobia: la Ley 11/2014, del 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia de la Generalitat de Catalunya; la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid; o la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. Todas estas leyes autonómicas citan y pretenden desarrollar acciones que, explícitamente, persigan y denuncien la homofobia, además de reconocer los días internaciones y la necesidad de trabajar en paralelo por la igualdad del colectivo LGTBI+.

Lo mismo está empezando a suceder a nivel local, donde se observa como numerosos Ayuntamientos (como el de Barcelona o Madrid), así como escuelas (públicas y privadas) u otros espacios sociales y educativos, están desarrollando también acciones contra la homofobia.

La celebración de estos días de reivindicación de derechos, o para visibilizar situaciones de exclusión, así como la condena contra formas de odio y violencia especificas contra colectivos o el desarrollo de leyes que van en ambos sentidos, no es una cuestión exclusiva de la comunidad LGTBI+. Las mujeres, por ejemplo, disponen tanto de días internacionales en favor de la reivindicación de los derechos de la mujer (8 de marzo), a la vez que en contra de la violencia contra las mujeres (25 de noviembre). Cabe destacar que, nuevamente, y tal y como sucede con la Homofobia, la violencia de género, la violencia machista o la violencia contra las mujeres (todos ellos términos utilizados por los colectivos feministas y pro-feministas) son una forma de violencia y odio que sólo sufren ellas, las mujeres, precisamente por eso, por ser mujeres. Además de estos días, las mujeres cuentan también con Leyes y decretos tanto nacionales, como autonómicos y locales en favor de sus derechos y en contra de la violencia machista, a pesar de la ineficacia y todo el cuestionamiento que podríamos hacer sobre dicho marco legal-normativo.

Celebro profesional y personalmente este posicionamiento institucional, y me sumo a la defensa de los derechos de todos los colectivos, y condeno cualquier forma de odio o violencia. Especialmente porque, pese a todo este posicionamiento institucional, tanto las personas LGTBI+ como las mujeres, entre otros grupos, siguen sufriendo un odio específico y una desigualdad y discriminación concretas, que sólo ellas y ellos sufren, por el hecho de ser mujeres o LGTBI+.

Ahora bien, llegados a este punto, y recuperando el inicio del artículo, este 28 de junio, cuando vi en el TRAM la bandera del “arco iris” me pregunté: ¿por qué no se hizo lo mismo el 8 de abril con la bandera gitana? ¿Por qué Barcelona no se llenó de banderas azules y verdes, con una rueda de carro roja? ¿Por qué el TRAM u otras empresas privadas, e incluso administraciones públicas, no alzaron la bandera gitana como signo de libertad y apoyo a nuestra lucha? ¿Por qué cuesta tanto visibilizar nuestra lucha, nuestra bandera, lo gitano?

Pues bien, en mi opinión, esto no sucede con nosotros, los gitanos y las gitanas, por varios motivos, pero el principal es que todavía no existe una ley específica en contra del Antigitanismo ni en España, ni en ninguna comunidad autónoma o localidad. Ni siquiera un posicionamiento claro y concreto en contra del Antigitanismo. A veces pareciese que la palabra misma “Antigitanismo” se evita, utilizando otros sucedáneos como discriminación, desigualdad o el comodín para todo: la palabra “racismo”.

Y es curioso, porque el Pueblo Gitano también tenemos nuestro “Día de la Resistencia Romaní”. Es el 16 de mayo, y celebramos con orgullo y tristeza que un grupo de valientes gitanos y gitanas se negaron a ser asesinados en los campos de concentración nazi ese día, en el año 1944. O el 2 de agosto, donde intentamos conmemorar el “Samudaripen”, el genocidio gitano durante la barbarie nazi; genocidio que acabó con la vida de más de medio millón de personas. De hecho, en algunos países, la población gitana se asesinó totalmente. O por supuesto, el 8 de abril, nuestro “Día Internacional del Pueblo Gitano”, donde se recuerda ese 8 de abril de 1971 cuando en Londres, un grupo de gitanos celebraba por primera vez un Congreso Mundial Gitano, y donde decidimos, por ejemplo, nuestro himno y bandera.

En resumen, el Pueblo Gitano contamos con una bandera desde 1971. Nos llevamos resistiendo desde nuestra misma llegada a Europa en el Siglo XV, y muy clara y valientemente desde la década de los ’40. El Parlamento Europeo, el español y diversos autonómicos, ya nos han reconocido como minoría discriminada, e incluso están desarrollando planes y acciones en favor de nuestra igualdad. ¿Entonces? ¿Por qué nuestra igualdad tarda tanto en llegar? ¿Por qué no se ve nuestra bandera? Para mí, está claro. Uno de los principales motivos es que no se está luchando clara y efectivamente contra el Antigitanismo, ni está habiendo un posicionamiento claro y específico por parte de las administraciones públicas en relación a esta cuestión.

Según la ECRI, European Comission against Racism and Intolerance, “el Antigitanismo es una forma específica del racismo, una ideología basada en la superioridad racial, una forma de deshumanización y de racismo institucional alimentado por una discriminación histórica, que se manifiesta, entre otras cosas, por la violencia, el discurso del miedo, la explotación y la discriminación en su forma más flagrante. (…) el Antigitanismo es una forma de racismo particularmente persistente, violenta, recurrente y banalizada, (…) la discriminación contra los Romá está basada fundamentalmente sobre su origen étnico y su modo de vida”.

Es decir, cuando nos persiguen en un supermercado, no es sólo porque no tengamos una carrera universitaria o sea norma del local vigilar de ese modo, es también porque somos gitanas y gitanos. Cuando no nos cogen en un trabajo, no es sólo porque no tengamos la ESO o porque la empresa haya encontrado a otro candidato o candidata, es también porque somos gitanas y gitanos. Cuando no nos atienden igual que al resto en un hospital, no es porque vayamos muchos o porque sea normativa del centro hospitalario, es también porque somos gitanas y gitanos. Cuando no nos alquilan un piso, no es porque no tengamos ingresos estables o regulares o porque hubiera alguien delante con prioridad, es también porque somos gitanas y gitanos. Cuando los medios nos vejan e insultan, no es sólo que se ponga por delante la libertad de expresión, es que valemos menos para esa gente, porque somos gitanas y gitanos.

Paradójicamente, y desde luego al margen de las recomendaciones de la ECRI, o la Agencia Fundamental de los Derechos de la Unión Europea (EU-FRA), e incluso al margen de algunas de las recomendaciones y conclusiones más relevantes en el campo del Antigitanismo de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020, cita una sola vez (solamente una vez en un documento de 70 páginas) la palabra “Antigitanismo”. Lo hace en el apartado de “Otras líneas de actuación complementarias”, donde propone la “Promoción de la aplicación efectiva de la legislación europea y española en materia de no discriminación, lucha contra el racismo y los crímenes de odio, aplicando las recomendaciones a nuestro país de los organismos internacionales, como el Consejo de Europa, en materia de lucha contra la discriminación o contra el Antigitanismo. (pp. 43). Dicha estrategia si dedica prácticamente la totalidad del documento a proponer acciones que mejoren nuestra situación social y especialmente educativa, pero dista lejos, muy lejos, de luchar contra la discriminación concreta que sufre el Pueblo Gitano en España.

A mi modo de ver, mejorar las condiciones del Pueblo Gitano en materia de salud, vivienda, empleo, y por supuesto educación, entre otros, es fundamental para luchar contra el Antigitanismo. Por ello, aplaudo y defiendo todos aquellos planes y estrategias que persiguen la igualdad de nuestro Pueblo. Especialmente aquellos que lo hacen enfocados hacia el éxito y siguiendo las recomendaciones internacionales, tanto políticas como científicas. Pero lo celebraría más aún si cabe si tuvieran un enfoque claro y contundente en contra del Antigitanismo.

Es cierto que ya existen planes autonómicos en esta dirección. Destaca, por ejemplo, el Plan Integral del Pueblo Gitano en Catalunya, que es su IV edición (2017-2020), además de su enfoque hacia el éxito y las evidencias científicas, reconoce por primera vez y específicamente el Antigitanismo, proponiendo objetivos y medidas concretas de acción para combatirlo.

Ahora bien, si los gitanos y las gitanas mejoramos y superamos todas esas barreras en salud, vivienda, educación y empleo, pero no hay una lucha efectiva, contundente e institucional contra el Antigitanismo, es decir, contra las barreras que tenemos simplemente por ser gitanos y gitanas – barreas que nada tiene que ver con no tener estudios, sino con nuestra cultura, sangre, origen y lugar de procedencia -, ¿cómo vamos a conseguir la igualdad plena del Pueblo Gitano? ¿Qué nos hace pensar que las personas gitanas vamos a conseguir tener igualdad plena, si otros colectivos, como el colectivo LGTBI+ o las mujeres, incluso teniendo más apoyo institucional, como leyes contra la homofobia y el machismo, siguen estando discriminados y rechazados?

Sabemos que una Ley no lo va a cambiar todo. Sabemos que un Ley no es la única vía. Pero también sabemos que, si no combinamos los Planes y Estrategias de Inclusión con Leyes y acciones concretas contra el Antigitanismo, nunca lo vamos a conseguir. Celebramos que tanto el Gobierno de España, así como diferentes Parlamentos autonómicos se hayan posicionado contra el Antigitanismo que llega desde Italia, de manos del ministro Salvini. Pero las personas gitanas, aquí en España, también siguen sufriendo formas concretas de discriminación, rechazo, repulsa, odio, prejuicio e intolerancia, frecuentemente acompañadas de violencia, que única y exclusivamente sufren los gitanos y las gitanas.

Los medios de comunicación dicen lo que quieren de los gitanos y las gitanas, sin ninguna consecuencia (a veces incluso en lugar de castigo, los medios reciben premios). Nuestros niñas y niños siguen siendo segregados y discriminados en educación. Nuestros jóvenes nos siguen explicando que no les dan trabajo cuando se enteran de que son gitanos y gitanas. Nuestras familias siguen viviendo episodios de rechazo y prejuicio en los hospitales. Incluso algunas de nuestras primas y primos, aquí en España, como en Italia y otros países de Europa, están sufriendo persecuciones y ataques violentos contra en sus barrios y en sus casas.

Es hora pues de que las administraciones reconozcan el Antigitanismo que sufrimos y llevamos sufriendo durante siglos, y que se sigue vivo hoy, en pleno 2018. Que lo persigan; que lo castiguen; que lo denuncien. Es hora de una Ley contra el Antigitanismo. Es hora de condenar, denunciar, rechazar y perseguir cualquier forma de odio específico contra cualquier grupo social. Porque lo del Pueblo Gitano, no es sólo discriminación, ni desigualdad, ni racismo… se llama Antigitanismo.