En la pasada primavera hemos sido testigo de varias citas electorales que han diseñado un nuevo mapa político en España y en Europa. Sin embargo, esta vez el dibujo electoral ha añadido nuevos colores a la paleta política, colores gitanos.

Hemos sido testigos de un salto significativo desde la sociedad civil gitana hacia la política. La participación gitana como parte de la sociedad civil en la formulación e implementación de políticas públicas se ha convertido en una característica importante de la vida política en Europa.

En la última década, el concepto de sociedad civil gitana ha alcanzado prominencia en los contextos políticos y sociales en el panorama europeo a medida que las asociaciones y los movimientos gitanos comenzaron a presionar más a sus gobiernos para reclamar más participación, que significaría más democracia. Estos desarrollos marcaron el comienzo de notables cambios en el panorama político europeo. También surgió una rica vida asociativa.

Esta proliferación de redes y organizaciones gitanas ha sido sin duda un catalizador para mejorar las democracias europeas, forzando a los Estados a ser más transparentes y responsables para con sus ciudadanos, por lo que el beneficio de la presencia gitana en la sociedad civil, no sólo ha beneficiado a la comunidad gitana, sino a la sociedad en su conjunto.

Ahora, parece que hemos dado un paso más y hemos visto el salto de notables activistas gitanas a escaños nacionales, municipales y europeos. Esto es una buena noticia, pero, ¿debilita este cambio a la propia sociedad civil gitana o la beneficia?

Antes de responder, deberíamos plantearnos otra pregunta, ¿sabemos identificar a la verdadera sociedad civil gitana?

Estas preguntas tienen respuestas notablemente diferentes según el país del que hablemos (no es lo mismo el activismo gitano en España, Países Bajos o Noruega); también tenemos contextos políticos distintos (activismos más enfocados en el fomento de políticas públicas más inclusivas y otros más enfocados en defender derechos civiles básicos); y también tenemos diferentes niveles para analizar estos contextos: local, regional, nacional, internacional.
A veces encontramos contextos donde esta participación se imbrica o se solapa, pero están estrechamente ligados en cuanto a los «targets» y a los recursos disponibles para llevar a cabo dichas acciones.

En este escenario, podríamos dar por sentado que la presencia gitana en la política parlamentaria reforzaría el papel de la presencia gitana en la política civil (recordemos que «política» es todo, lo que podemos distinguir son formas distintas de significación y acción), puesto que al tener escaños gitanos, se podría influir de forma más notoria en políticas que afectan directamente al pueblo gitano.

Pero esta presencia gitana no es nueva. Recordemos que ya ha habido parlamentarios y concejales gitanos en España, incluso eurodiputadas. Recordemos también que a España siempre le ha gustado ponerse la etiqueta de «ejemplo de buenas prácticas» en cuanto a políticas de inclusión gitana, aunque ya demostramos en esta casa, que lejos se estaba de tal afirmación.

Entonces, ¿ha influido en algo el tener diputadas, concejalas y eurodiputadas gitanas? Pues no mucho, la verdad.

Tuvimos a Juan de Dios Ramírez Heredia que consiguió que se eliminaran las referencias directas a los gitanos en el reglamento de la Guardia Civil, pero sin conseguir que se promovieran políticas públicas específicas de reconocimiento del Pueblo Gitano y de la discriminación padecida. Después hubo dos diputados más que pasaron sin pena ni gloria por los escaños de la Carrera de San Jerónimo, y que hoy en día, pocos gitanos conocen sus nombres.

A nivel europeo, lamentablemente lo más significativo fue una señora supuestamente gitana de Hungría que llegó incluso a ser vicepresidenta del Parlamento Europeo, promovió las «Estrategias nacionales para la integración Romaní», que han servido entre poco y nada, pero que al mismo tiempo le lanzaba piropos a la ultraderecha húngara que mataba gitanos.

¿Cuál es la diferencia ahora? Ahora hay cuatro escaños gitanos repartidos entre los cuatro principales partidos del país. Ahí ya vemos un cambio. Hay pluralidad política en la comunidad, signo inequívoco de salud democrática del pueblo gitano. También tenemos eurodiputados gitanos (y a la señora gitana húngara que le gustan los nazis).

Pero quizá la diferencia más significativa es que algunos de esos escaños gitanos, vienen precedidos por notables trayectorias en el activismo social, en organizaciones gitanas y pro-gitanas en España, por lo que al menos sabemos que en esos escaños, se sabe de lo que se habla.

La ventaja que podemos destacar y de la que los escaños gitanos deben tomar conciencia es que hay que usar inteligentemente la experiencia adquirida en la sociedad civil para dar una vuelta más a la significación política, quitarle el aire elitista y, valga la redundancia, democratizar el juego democrático.

Cuando juntamos «activismo», «sociedad civil» y «política» en un mismo contexto, siempre se me viene a la cabeza un nombre: Pedro Zerolo. Un activista con una larga trayectoria en la lucha por la igualdad de trato y la no discriminación, impulsor de distintos movimientos de liberación personal, entre ellos, el de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Lo hizo desde los dos bandos, como activista social en ONGs como desde la política, cuando fue Secretario de Movimientos Sociales del Partido Socialista y desde su concejalía en el Ayuntamiento de Madrid.

Zerolo fue uno de los impulsores de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo que se aprobó en 2005, haciendo de España el primer país del mundo en conseguir tal hazaña. Lo que había hasta entonces en otros países eran leyes que reconocían solo algunos derechos como parejas de hecho. Pero en España se consiguió equiparar a las parejas del mismo sexo con las heterosexuales a la hora de adoptar y reconocer derechos básicos antes ignorados.  Zerolo también fue responsable de la ley de identidad sexual que reconoció gran parte de los derechos de las personas transexuales, que supuso una verdadera revolución recién iniciado el siglo XXI.

Supo aprovechar el conocimiento adquirido durante su activismo social para transformar la política. Y es precisamente eso lo que se le va a pedir a las diputadas gitanas. Aprovechar lo andando para cambiar lo que queda por andar.

Porque por fin hemos empezado a hablar más sobre política. Porque parece que por fin, la sociedad civil ya no funciona separadamente de la política en una senda paralela.
Pero hay que hilar fino, porque la política, la de los escaños, se ha convertido en un circo, un bochornoso y lamentable espectáculo mediático y algunas asociaciones y ONGs han sucumbido mientras se alimenta el mantra de «los chiringuitos».

Es un momento excelente para democratizar la política sin caer en la trampa de «politizar» a las organizaciones civiles (más de lo que algunas lo están ya).

En resumen, la sociedad civil gitana y la clase política son necesarias para el funcionamiento de un estado democrático y para influir en el bienestar general. Son un gran activo para la democracia. El lograr el equilibrio entre ambas es el «más difícil todavía».